Impunidad, impunidad... y ¿más impunidad?
En noviembre de 1985, el M-19 se tomó el Palacio de Justicia. Las Fuerzas Militares entraron a recuperar el edificio con tanques blindados. Más de cien personas murieron.
(Quienes lo vivieron, ¿se acuerdan? Y quienes nacieron después, ¿lo sabían?)
Pasaron 20 años. Y la semana pasada, el presidente de la Corte Suprema, Carlos Isaac Náder, anunció la creación de una comisión de la verdad para investigar lo ocurrido (Nota de El Colombiano al respecto).
¿Qué pasó? (El Tiempo publicó una cronología completa de los hechos. El siguiente es un resumen.)
El M-19 llega, mata a los guardias y entra al Palacio. La Fuerza Pública intenta recuperar el edificio y empieza disparando desde afuera. Enseguida, un tanque del Ejército dispara su cañón contra la edificación, y, más tarde, cuando un helicóptero deja un grupo especial en el techo, el tanque entra, seguido luego por dos tanques más. Empiezan a salir rehenes. Más tarde, el presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, pide por teléfono que el Ejército cese el fuego e insiste en hablar con el presidente Belisario Betancur, petición que se repite horas después. El Gobierno exige a los medios interrumpir el cubrimiento de los hechos. A las 9:05 comienza a arder el Palacio.
Siguen saliendo rehenes —tanto vivos como muertos—, así como cadáveres de guerrilleros. Continúan los enfrentamientos dentro del edificio. En la madrugada del 7 de noviembre se inicia una ofensiva más fuerte de parte de las autoridades. Entran más tanques, se escuchan más ráfagas de ametralladora y repetidas explosiones. Después del mediodía, la Fuerza Pública comienza su ataque final: ametralladoras, fusiles, granadas, cohetes, dinamita. A las 2:20 se oye la última explosión, comienza a salir gente y se inician las explicaciones oficiales.
Que la causa del incendio había sido la quema de expedientes judiciales por parte de la guerrilla. Que los guerrilleros ejecutaron a Reyes Echandía y otros magistrados. Que negociar con terroristas habría sido inadmisible. (El ex fiscal Alfonso Gómez Méndez escribió un interesante análisis sobre el tema para El Tiempo.)
Pero luego se hicieron públicos varios testimonios contradiciendo la 'verdad' oficial. Que decenas de sobrevivientes fueron 'desaparecidos' por las fuerzas oficiales para encubrir sus acciones. Que fue la Fuerza Pública, no el M-19, quien causó el incendio. Y se comprobó que funcionarios de Medicina Legal y de la Policía Judicial movieron cadáveres sin hacer el debido levantamiento y los enterraron en una fosa común en el Cementerio del Sur.
Y, al final, nadie pagó por nada. El M-19 fue indultado en 1989 y el proceso se archivó, librando de responsabilidad a todos los militares que participaron en la 'contratoma'. Y, como anotó El Tiempo en su editorial del lunes, quienes ganaron fueron los narcotraficantes, cuyos procesos quedaron hechos cenizas.
Mejor dicho, ganó la impunidad. Y la nueva comisión de la verdad hablará y deliberará y procederá y tomará tinto y los desaparecidos no aparecerán y en nuestro pueblo feliz no habrá pasado nada.
No habrá pasado nada de la misma forma en que nunca se resolvieron los magnicidios de decenas de colombianos que, de una forma u otra, lucharon contra la podredumbre política de nuestra tierra querida por la vía institucional: desde Jorge Eliécer Gaitán hasta Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara Bonilla, Bernardo Jaramillo Ossa, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro Leongómez y Álvaro Gómez Hurtado, entre otras víctimas innumerables de la violencia auspiciada —por acción u omisión— por la corrupción (narco)política. Y también valdría la pena mencionar en esta lista incompleta a Jaime Garzón, cuyo humor le hace cada día más falta a nuestro país, y cuyo asesinato aún sigue impune.
En un escenario como éste, donde la impunidad, no la justicia ni la paz, es la regla, ¿qué confianza puede merecer la negociación con los 'paras'?
La semana pasada, el presidente Uribe ordenó el arresto de cualquier jefe de las narcodefensas (no, país, no son paramilitares, no son autodefensas campesinas, son delincuentes organizados) que participe en política antes de finalizar el proceso de desmovilizaciones. Muy bien, así debe ser. Pero ¿qué tan factible puede ser el cumplimiento del discurso? (en la revista Semana apareció un muy buen análisis, titulado Mano dura, vozarrón grande)
¿Arrestarán a los 'paras' que apoyen a un determinado candidato en sus zonas de influencia? Si ni siquiera ha sido posible capturar a los responsables de los asesinatos de cientos de políticos independientes y líderes comunitarios y periodistas y profesores y ciudadanos comunes y corrientes que no cedieron a las presiones violentas de estos criminales, ¿cómo podemos confiar en que las advertencias de Uribe, cuyo marco jurídico es tan vago, se hagan realidad?
Y ¿qué pasará con aquellos congresistas "estigmatizados" —pobrecitos— por sus conocidas relaciones con los 'paras'? ¿Irán a la cárcel Rocío Arias y Eleonora Pineda? ¿Y Habib Merheg?
Ante estas tantas cosas de Colombia no sabe uno si reírse o sentarse a llorar.
(Quienes lo vivieron, ¿se acuerdan? Y quienes nacieron después, ¿lo sabían?)
Pasaron 20 años. Y la semana pasada, el presidente de la Corte Suprema, Carlos Isaac Náder, anunció la creación de una comisión de la verdad para investigar lo ocurrido (Nota de El Colombiano al respecto).
¿Qué pasó? (El Tiempo publicó una cronología completa de los hechos. El siguiente es un resumen.)
El M-19 llega, mata a los guardias y entra al Palacio. La Fuerza Pública intenta recuperar el edificio y empieza disparando desde afuera. Enseguida, un tanque del Ejército dispara su cañón contra la edificación, y, más tarde, cuando un helicóptero deja un grupo especial en el techo, el tanque entra, seguido luego por dos tanques más. Empiezan a salir rehenes. Más tarde, el presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, pide por teléfono que el Ejército cese el fuego e insiste en hablar con el presidente Belisario Betancur, petición que se repite horas después. El Gobierno exige a los medios interrumpir el cubrimiento de los hechos. A las 9:05 comienza a arder el Palacio.
Siguen saliendo rehenes —tanto vivos como muertos—, así como cadáveres de guerrilleros. Continúan los enfrentamientos dentro del edificio. En la madrugada del 7 de noviembre se inicia una ofensiva más fuerte de parte de las autoridades. Entran más tanques, se escuchan más ráfagas de ametralladora y repetidas explosiones. Después del mediodía, la Fuerza Pública comienza su ataque final: ametralladoras, fusiles, granadas, cohetes, dinamita. A las 2:20 se oye la última explosión, comienza a salir gente y se inician las explicaciones oficiales.
Que la causa del incendio había sido la quema de expedientes judiciales por parte de la guerrilla. Que los guerrilleros ejecutaron a Reyes Echandía y otros magistrados. Que negociar con terroristas habría sido inadmisible. (El ex fiscal Alfonso Gómez Méndez escribió un interesante análisis sobre el tema para El Tiempo.)
Pero luego se hicieron públicos varios testimonios contradiciendo la 'verdad' oficial. Que decenas de sobrevivientes fueron 'desaparecidos' por las fuerzas oficiales para encubrir sus acciones. Que fue la Fuerza Pública, no el M-19, quien causó el incendio. Y se comprobó que funcionarios de Medicina Legal y de la Policía Judicial movieron cadáveres sin hacer el debido levantamiento y los enterraron en una fosa común en el Cementerio del Sur.
Y, al final, nadie pagó por nada. El M-19 fue indultado en 1989 y el proceso se archivó, librando de responsabilidad a todos los militares que participaron en la 'contratoma'. Y, como anotó El Tiempo en su editorial del lunes, quienes ganaron fueron los narcotraficantes, cuyos procesos quedaron hechos cenizas.
Mejor dicho, ganó la impunidad. Y la nueva comisión de la verdad hablará y deliberará y procederá y tomará tinto y los desaparecidos no aparecerán y en nuestro pueblo feliz no habrá pasado nada.No habrá pasado nada de la misma forma en que nunca se resolvieron los magnicidios de decenas de colombianos que, de una forma u otra, lucharon contra la podredumbre política de nuestra tierra querida por la vía institucional: desde Jorge Eliécer Gaitán hasta Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara Bonilla, Bernardo Jaramillo Ossa, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro Leongómez y Álvaro Gómez Hurtado, entre otras víctimas innumerables de la violencia auspiciada —por acción u omisión— por la corrupción (narco)política. Y también valdría la pena mencionar en esta lista incompleta a Jaime Garzón, cuyo humor le hace cada día más falta a nuestro país, y cuyo asesinato aún sigue impune.
En un escenario como éste, donde la impunidad, no la justicia ni la paz, es la regla, ¿qué confianza puede merecer la negociación con los 'paras'?
La semana pasada, el presidente Uribe ordenó el arresto de cualquier jefe de las narcodefensas (no, país, no son paramilitares, no son autodefensas campesinas, son delincuentes organizados) que participe en política antes de finalizar el proceso de desmovilizaciones. Muy bien, así debe ser. Pero ¿qué tan factible puede ser el cumplimiento del discurso? (en la revista Semana apareció un muy buen análisis, titulado Mano dura, vozarrón grande)
¿Arrestarán a los 'paras' que apoyen a un determinado candidato en sus zonas de influencia? Si ni siquiera ha sido posible capturar a los responsables de los asesinatos de cientos de políticos independientes y líderes comunitarios y periodistas y profesores y ciudadanos comunes y corrientes que no cedieron a las presiones violentas de estos criminales, ¿cómo podemos confiar en que las advertencias de Uribe, cuyo marco jurídico es tan vago, se hagan realidad?
Y ¿qué pasará con aquellos congresistas "estigmatizados" —pobrecitos— por sus conocidas relaciones con los 'paras'? ¿Irán a la cárcel Rocío Arias y Eleonora Pineda? ¿Y Habib Merheg?
Ante estas tantas cosas de Colombia no sabe uno si reírse o sentarse a llorar.
2 Comments:
At 4:28 AM, Anónimo said…
Frente a los hechos presentados e Francia provocados por los inmigrantes, surgen comentarios como el que escuche ayer por dos Españoles, los cuales textualmente decial "los Suramericanos son los mas violentos", aunque no estemos involucrados en este hecho, ya damos pie para el tema, la verdad da verguenza que se hable asi de Colombia, aqui habemos personas con buenas intenciones, gente trabajdora, gente con ganas de conseguir ideales, cumplir sueños etc, pero hay otros como los que hacen parte de bandas violentas, grupos de traficantes, estafadores...ya basta de tanta porqueria, a estos que no hacen mas que nutrir esos comentarios en contra de la buena imagen de Colombia hay que deportarlos y queden inhabilitados para solicitar visados, eso si que paguen con carcel sin los ningun privilegio como los que sabemos se otorgan erradamente.
At 10:21 AM, zangano said…
es excepcionalmete dificil para una persona honesta y de medios economicos modestos,conseguir visa y pasaje para salir de colombia,como se explca entonces que lo puedan hacer delincuentes y matones como los que anonymous describe en su comentario
hasta que se pruebe lo contrario el indicio mas fuerte es que las autoridades colombianas o ayudan activamente,o se hacen los dela vista gorda,cuando de matones y delincuentes se trate,sera que los burros se buscan para rascarse?
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