Sobre la lucha antidrogas

El pasado viernes 30 de septiembre la Universidad American de Washington organizó un debate sobre la política antidrogas de Estados Unidos en Colombia entre Sanho Tree, director de un proyecto sobre el tema en el Institute for Policy Studies, y David Murray, de la Oficina de Control de Drogas de la Casa Blanca.

Tree cuestionó la efectividad de las políticas antidrogas, calificándolas de “prohibiciones en contra de la ley de oferta y demanda”, y atacó las fumigaciones con glifosato, argumentando que sus daños ambientales y sociales son mayores que su efectividad a largo plazo.
Murray, por su parte, defendió las políticas estadounidenses y centró su intervención en los efectos devastadores de la droga en la sociedad. Murray también mencionó un hecho importante, corroborado por una columna reciente de Eduardo Pizarro Leongómez en El Tiempo: los precursores químicos utilizados para el procesamiento de drogas son aun más dañinos para el medio ambiente que el glifosato.

Sin duda, ambos sustentaron sus puntos de vista con argumentos convincentes. Por supuesto que los cultivos de coca de la guerrilla, los paras y los narcos deben erradicarse. Y, sí, la política policiva de Estados Unidos es imperfecta. Y el glifosato no hace distinción entre hojas de coca y plantaciones de plátano y vacas y campesinos. Y el apoyo a los plantadores para el desarrollo de proyectos alternativos es mínimo. Y los químicos utilizados para convertir plantas en polvo para inhalar no purifican nuestros ríos moribundos —ni el agua potable de los campesinos—. Y los efectos de la droga en una sociedad nunca, nunca, podrán considerarse aceptables. Y podríamos seguir...

Pero, ¿a qué voy con todo esto? A que el que diga que tiene la panacea para el problema de la droga en Colombia, sea quien sea, está horriblemente equivocado o quiere vender algo (¿herbicidas, tal vez?).

La erradicación sola no funciona. Que alguien señale un campesino —ojo, dije campesino, del que se ensucia las manos y la vida, no guerrillero ni paramilitar ni narco— de Putumayo que plante coca con ambición de capitalista y no empujado por el hambre y los fusiles. Hay que aplaudir los programas de familias guardabosques y de proyectos productivos (más información). Pero también hay que aceptar que no son suficientes. Además, ya va siendo hora de reconocer que el drogadicto pertenece a un centro de rehabilitación y no a una cárcel.

Al mismo tiempo, la legalización así no más, sin regulaciones ni medidas paralelas, sería nada más y nada menos que un simple acto de irresponsabilidad, así lleve la firma de Juanes. Y el que diga que Colombia está preparada para la implementación de programas agresivos de prevención y rehabilitación —tanto didácticos como judiciales— y el implemento de normas serias sobre el tema (o de normas serias en general...) debería bajarse de la nube.

El statu quo puede mejorarse. Para empezar a trabajar con este propósito en mente, convendría apartarse de los extremos y tener en cuenta los aspectos positivos de lado y lado.


Y cambiando de tema, para terminar: Qué vergüenza que en nuestro país las protestas ciudadanas se lleven a cabo a punta de piedra y gases lacrimógenos (Artículo de El Tiempo). El Gobierno prohíbe una marcha ciudadana (¿Siglo XXI? ¿Libertad de expresión? Ajá...) y los supuestos pacifistas acuden a la violencia. Paz a punta de violencia por un lado y “orden” prohibiendo protestas pacíficas por el otro. Vamos bien, patria, vamos bien.

Bueno, una más: Se aproxima la decisión de la Corte Constitucional sobre la reelección presidencial. Y, juzgando por el comportamiento de algunos, todo aquel que se oponga al proyecto es comunista, guerrillero y terrorista. Ay, país. Si la diferencia de opiniones no es democracia pura, quememos los legados de Voltaire, Jefferson, Gandhi,...